El juez de garantías del Sistema Penal Acusatorio de Veraguas declaró ilegales las aprehensiones de cinco personas, entre ellas dos mujeres y tres hombres, vinculadas a la operación "Fondo Claro", desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción para investigar el presunto delito de peculado doloso agravado en perjuicio de juntas comunales.
A pesar de la decisión sobre las aprehensiones, el juez admitió la formulación de cargos por el delito de peculado agravado contra los cinco imputados. Además, al exrepresentante de la Junta Comunal de Ponuga, Eduardo Pinzón, también se le imputó el delito de sustracción de documentos públicos.
Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público solicitó la detención provisional de los investigados, argumentando la gravedad de los hechos que se investigan. Sin embargo, el juzgador rechazó esa petición y ordenó la aplicación de medidas cautelares menos severas.
Los imputados deberán cumplir con reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes ante la autoridad competente y tendrán prohibido acercarse a las instalaciones de la Junta Comunal de Ponuga mientras se desarrolla el proceso penal.
La decisión del juez no fue compartida por la Fiscalía Anticorrupción, que anunció recurso de apelación contra las medidas cautelares impuestas. La audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones fue programada para el próximo 23 de julio en Penonomé, donde se definirá si se mantienen o se modifican las restricciones impuestas a los procesados.
La defensa rechaza las acusaciones
Al concluir la audiencia, el abogado defensor Roger Tejada Lau Alba, quien representa a dos de los imputados, sostuvo que el proceso carece de elementos que acrediten una apropiación de bienes públicos por parte de sus clientes.
"Pareciera que se busca una distracción en estos momentos", expresó el jurista al referirse a la investigación, al tiempo que aseguró que las actuaciones de la Junta Comunal de Ponuga durante el período 2009-2011 estuvieron orientadas al desarrollo de programas de ayuda social dirigidos a familias en condición de vulnerabilidad.
Tejada Lau Alba afirmó que la Fiscalía no ha presentado evidencia que demuestre que los exfuncionarios se apropiaron de recursos públicos, por lo que confía en que durante el proceso judicial pueda demostrarse la inocencia de sus representados.
Investigación continúa
La operación "Fondo Claro" se ejecutó de manera simultánea en varias provincias del país como parte de una investigación adelantada por la Fiscalía Anticorrupción sobre el presunto manejo irregular de fondos públicos asignados a juntas comunales.
Con la apelación presentada por el Ministerio Público, corresponderá ahora al Tribunal Superior de Apelaciones determinar si las medidas cautelares impuestas por el juez de garantías se mantienen o si procede la detención provisional solicitada por la Fiscalía.
Mientras tanto, los cinco imputados continuarán el proceso en libertad bajo las restricciones ordenadas por el tribunal, en una investigación que aún se encuentra en su etapa inicial y en la que las responsabilidades penales deberán ser determinadas conforme avance la práctica de pruebas y el debate judicial.
